El Gobierno de Aragón ultima una reforma profunda del Reglamento General del Juego que endurece límites y condiciones para el sector, con el objetivo declarado de reforzar la protección a los colectivos más vulnerables frente a los riesgos de la actividad. Se trata de un paso más dentro de una línea regulatoria cada vez más exigente, en la que el juego presencial aporta empleo, recaudación y control, pero asume de nuevo el peso de las restricciones.
Aragón aprieta el marco regulatorio
La comunidad aragonesa figura entre las autonomías con mayor número de personas inscritas en los registros de auto prohibición de acceso a salas de juego, con más de 5.000 personas registradas según la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (AZAJER). Sobre esta realidad, el Ejecutivo autonómico impulsa un nuevo Reglamento General del Juego que introduce más límites y restricciones sobre el modelo ya existente.
Desde la administración se insiste en que el objetivo es contar con una regulación “más ordenada, responsable y adaptada a la realidad social”, reforzando la protección de la ciudadanía. El sector, sin embargo, recuerda que el juego legalmente autorizado ya opera bajo uno de los marcos más garantistas de Europa, con controles de acceso, registros de prohibidos y fuertes exigencias fiscales. 
Menos máquinas en hostelería y límites por segmentos
Uno de los cambios más relevantes afecta directamente a hostelería, donde se recortan los puestos de juego permitidos en cada establecimiento. El nuevo reglamento fija un máximo general de dos máquinas por local, con la posibilidad excepcional de llegar a tres siempre que pertenezcan al mismo operador, frente a las seis que se admitían hasta ahora.
En paralelo, se limita el número total de máquinas recreativas tipo B.1 autorizadas en la comunidad. El tope pasa a 5.600 autorizaciones, por debajo de las 6.200 que contemplaba el marco vigente, lo que supone una reducción directa de capacidad en uno de los productos más regulados y controlados del canal presencial.
Autorizaciones, titularidad y horarios
El texto también modifica el régimen de autorizaciones, introduciendo pequeños ajustes que impactan en la operativa de las empresas. La duración de las autorizaciones se amplía de cuatro a cinco años, un cambio que, bien gestionado, puede aportar algo más de estabilidad administrativa a los operadores.
En los cambios de titularidad, el reglamento endurece las condiciones: el traspaso implicará la extinción de la autorización salvo que exista un acuerdo expreso que disponga lo contrario. En materia de horarios, la novedad principal afecta a las salas de bingo, que verán limitado su funcionamiento hasta las 02:00 horas, equiparándose a los horarios de los salones de juego y reforzando la convergencia de criterios entre subsectores.
Distancias mínimas y “ordenación” del mapa de juego
El nuevo marco mantiene la distancia mínima obligatoria de 500 metros entre locales de juego para nuevas aperturas o ampliaciones. Esta exigencia, ya presente en la normativa anterior, se conserva para seguir ordenando el mapa de implantación y evitar concentraciones excesivas de oferta en determinadas zonas.
Desde la administración se presenta el conjunto de medidas como un paso hacia un juego más “ordenado y responsable”, con mayor control del sector y protección reforzada. Desde el lado empresarial, se subraya que el canal presencial de juego reglado ya cumple esa función de ordenación frente a la oferta ilegal y no regulada, y que un exceso de restricciones puede desplazar al jugador hacia espacios sin garantías.
Tramitación, encaje con la Ley 9/2023 y peso económico
El nuevo Reglamento General del Juego se encuentra todavía en fase de tramitación de alegaciones e informes finales, en un periodo previsto de dos meses. Tras esta etapa, el texto deberá pasar por el Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, por lo que el sector permanece muy pendiente del resultado final de la redacción.
Esta reforma reglamentaria desarrolla la Ley 9/2023, de 23 de marzo, que ya modificó de forma integral la Ley 2/2000 del Juego de Aragón. Aquella norma reforzó la protección de colectivos vulnerables, introdujo medidas de juego responsable, controles de acceso y restricciones en materia de publicidad, y preveía expresamente armonizar toda la normativa en un único reglamento actualizado.
Todo ello se produce en un contexto donde el juego en Aragón alcanzó los 319 millones de euros de “juego real” en 2024, equivalentes al 2,7% del total nacional. La recaudación fiscal se elevó a 31,5 millones de euros, según datos del Consejo Empresarial del Juego (CEJUEGO) recogidos en su estudio “Juego y Sociedad 2025” y su Anuario 2025, una muestra clara de la contribución del sector a las arcas públicas y a la economía regional.
Máquinas B, loterías y online: un sector diversificado
Dentro de esa recaudación, las máquinas tipo B en hostelería tienen un peso muy destacado. Solo este segmento aporta 22,3 millones de euros en tributación, lo que evidencia su importancia como fuente de ingresos públicos y como actividad económica integrada en la red de bares y restaurantes.
En términos de actividad, la comunidad mantiene una fortísima implantación de los productos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, que lideran el mercado aragonés con 116 millones de euros. Les siguen las máquinas recreativas tipo B en hostelería con 79 millones de euros, mientras que el juego online alcanza los 39 millones, confirmando un entorno multicanal donde el juego presencial reglado sigue siendo un pilar esencial, tanto en empleo como en control de la actividad.
En conjunto, el nuevo reglamento se presenta como un movimiento clave en la evolución del modelo aragonés de juego, donde la protección de los vulnerables y el juego responsable deben convivir con la necesaria seguridad jurídica, estabilidad y competitividad de un sector que ya opera bajo altos estándares de control y que aporta valor económico y social al territorio.
